El gobierno de Justin Trudeau anunció esta semana un plan de asistencia para proporcionar ayuda energética a Cuba, en un momento en que la isla atraviesa una de las crisis de combustible más severas de su historia reciente.
La medida no solo busca aliviar la parálisis logística en el Caribe, sino que marca una distancia diplomática y económica significativa respecto a la estrategia de su principal socio comercial: Estados Unidos.
La situación en La Habana se ha tornado crítica tras la decisión de la administración en Washington de bloquear activamente el suministro de petróleo hacia la isla. En las últimas semanas, la Casa Blanca ha intensificado su campaña de presión contra el gobierno cubano, reactivando sanciones que buscan estrangular la entrada de divisas y recursos energéticos.
Esta ofensiva, justificada por Washington como una medida necesaria frente a su «enemigo histórico», ha dejado a la infraestructura cubana al borde del colapso, con apagones prolongados y un transporte público diezmado.
A diferencia de Estados Unidos, Canadá ha mantenido una relación de compromiso constructivo con Cuba, siendo uno de sus mayores socios comerciales y una fuente vital de inversión en sectores como la minería y el turismo. El anuncio de Ottawa de facilitar suministros o asistencia financiera para el combustible no es solo un gesto humanitario; es una protección de sus propios intereses económicos en la región.
La implementación de esta ayuda canadiense será observada con lupa por los mercados de materias primas y los organismos internacionales. El desafío para las empresas canadienses será navegar el complejo entramado de sanciones estadounidenses que podrían activarse contra quienes faciliten el comercio con Cuba.
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