El Congreso chileno ha dado un paso trascendental. En su último trámite legislativo, la Cámara de Diputados aprobó con una amplia mayoría un proyecto de ley que establece la prohibición del uso de teléfonos celulares en los colegios.
Esta iniciativa, impulsada y respaldada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, tiene un doble objetivo que impacta directamente en la economía del conocimiento: mejorar la convivencia y, crucialmente, elevar el rendimiento escolar.
Al mitigar una fuente primaria de distracción en las aulas, se espera que los estudiantes mejoren sus índices de aprendizaje, lo cual se traducirá a largo plazo en una mayor productividad y competitividad del país. Un mejor rendimiento escolar hoy significa mejores sueldos y mayor innovación mañana.
La evidencia internacional ha demostrado que la restricción de smartphones en las escuelas está vinculada a una mejora en las calificaciones, especialmente entre los estudiantes con menor desempeño.
El proyecto de ley establece un cronograma claro: la norma deberá comenzar a regir en marzo de 2026 y su alcance será universal, aplicando a todos los colegios, tanto públicos como privados, y en todos los niveles, abarcando la educación primaria y secundaria.
La implementación de esta normativa generará nuevos desafíos logísticos y culturales, tanto para las instituciones educativas como para los padres y los propios estudiantes. Chile se suma así a una tendencia global de naciones que buscan proteger el ambiente de aprendizaje de la hiperconexión digital, priorizando la formación de ciudadanos críticos y concentrados, elementos esenciales para una economía próspera.
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