En un comunicado que eleva la temperatura diplomática entre las dos mayores potencias del mundo, el gobierno de China ha declarado formalmente que considera cerrados sus compromisos respecto a la Sección 301 del estatuto de prácticas comerciales de Estados Unidos.
Esta afirmación surge como una respuesta directa y contundente a las recientes señales enviadas desde Washington, donde la oficina del Representante Comercial ha sugerido la continuidad de investigaciones que podrían derivar en una nueva escalada arancelaria.
Para entender el conflicto, es necesario retroceder a enero de 2020. En aquel momento, ambas naciones firmaron un acuerdo diseñado para mitigar la guerra comercial iniciada durante la administración Trump. Dicho pacto buscaba corregir lo que la Casa Blanca calificaba como prácticas desleales, incluyendo la transferencia forzosa de tecnología y el robo de propiedad intelectual.
Hoy, Pekín sostiene que ha cumplido con rigor las obligaciones vinculadas a ese estatuto. Desde la óptica china, el expediente debería estar archivado. Sin embargo, la persistencia de Washington en mantener abiertas las líneas de investigación sugiere que la administración estadounidense no comparte el optimismo asiático, evaluando si las reformas estructurales prometidas por China se han materializado realmente en el mercado.
La advertencia de Pekín es clara: China espera que no se desvíe la responsabilidad ni se provoque problemas. La amenaza de nuevos aranceles bajo la Sección 301 actúa como una espada de Damocles sobre las cadenas de suministro globales, ya de por sí fragilizadas por la volatilidad geopolítica.
Si Washington decide avanzar con más gravámenes, la respuesta de Pekín no se hará esperar, lo que podría sumergir al comercio internacional en un nuevo ciclo de proteccionismo y encarecimiento de costos operativos para las empresas globales.
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