El Gobierno de la República Mexicana, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se encuentra analizando dos zonas específicas en el norte del país para llevar a cabo las primeras pruebas operativas orientadas a incrementar de manera sustancial la aplicación de la fracturación hidráulica, técnica conocida como fracking.
La iniciativa gubernamental busca reactivar e incrementar la producción nacional de gas natural, la cual mantiene un déficit histórico frente a la demanda energética del mercado interno, según informaron cuatro fuentes con conocimiento directo del asunto.
La evaluación de estas zonas geográficas se produce tras la recepción de un informe técnico elaborado por un grupo especializado de expertos. Dicho comité fue encargado formalmente por el Ejecutivo federal para estudiar la viabilidad técnica, ambiental y económica de la explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales en territorio nacional, con el objetivo de sustentar la toma de decisiones estratégicas en el sector energético estatal.
Las áreas con potencial prospectivo que están bajo la revisión de la mandataria mexicana se localizan en los estados de Coahuila y Tamaulipas, ambos situados en la frontera norte de México.
La eventual confirmación de estos sitios para los proyectos piloto permitiría determinar los rendimientos comerciales de las reservas no convencionales en el mediano plazo.
La consideración del incremento en el uso del fracking responde a la necesidad estructural de revertir la brecha existente entre la oferta local y el consumo de gas natural en México. En los últimos años, el país ha mantenido una elevada dependencia de las importaciones de este hidrocarburo, proveniente en su gran mayoría de las cuencas productoras de Estados Unidos, para abastecer el sistema eléctrico nacional y la industria manufacturera.
El déficit en la extracción pública de gas ha llevado a las autoridades del sector energético a explorar alternativas técnicas que permitan aprovechar los recursos del subsuelo nacional.
La posible implementación de pruebas de fracturación hidráulica en Coahuila y Tamaulipas marcaría una fase de evaluación técnica dentro de la política de hidrocarburos de la actual administración, orientada a medir el impacto distributivo y la viabilidad de extracción antes de una eventual expansión operativa a escala comercial en otras regiones con potencial no convencional.
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