La investigación por la crisis de Ueno Bank ha entrado en una nueva fase con tres frentes abiertos: la situación judicial del expresidente Santiago Peña, la devolución del dinero a los clientes afectados por la intervención de la entidad y la búsqueda internacional de bienes que puedan estar vinculados con las operaciones bajo sospecha.
La Fiscalía estima que Peña podría recibir hasta 15 años de cárcel si se acreditan los delitos que se le imputan. El avance de las diligencias en el Ministerio Público concentra la atención de los actores jurídicos y económicos sobre la responsabilidad penal de los altos exmandatarios y directivos vinculados al manejo de los activos de la institución financiera.
Las imputaciones formuladas por los fiscales de la unidad especializada en delitos económicos establecen un marco punitivo que alcanza hasta los quince años de prisión, basándose en la recopilación de auditorías contables, registros de transferencias interbancarias y testimonios periciales que analizan el origen de los desequilibrios patrimoniales que motivaron la toma de control estatal sobre la entidad.
El proceso de restitución de fondos a los depositantes representa el eje operacional más sensible para preservar la confianza de los agentes económicos en el mercado de intermediación financiera. El Banco Central del Paraguay y el Fondo de Garantía de Depósitos ejecutan los protocolos de liquidación y validación de acreencias para determinar los montos cubiertos por el seguro estatal y establecer el cronograma de desembolsos hacia las cuentas de los clientes particulares y corporativos afectados por la paralización de las operaciones.
Ls autoridades judiciales y las unidades de inteligencia financiera de Paraguay han activado solicitudes de asistencia jurídica recíproca con jurisdicciones extranjeras para rastrear cuentas bancarias, participaciones societarias y bienes inmuebles presuntamente adquiridos con recursos desviados de la entidad intervenida.
Este rastreo patrimonial internacional involucra el intercambio de información bancaria y fiscal con organismos reguladores de plazas financieras internacionales, buscando asegurar el embargo preventivo de los capitales localizados fuera del territorio paraguayo para su eventual repatriación.
Los analistas de capitales evalúan la solidez de los marcos regulatorios de prevención de lavado de activos y la capacidad de respuesta de la Superintendencia de Bancos para fiscalizar las operaciones de las entidades financieras, factores clave para mantener el grado de inversión del país y asegurar el flujo continuo de inversión extranjera directa en los sectores agroindustrial, energético y de servicios.
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