El presidente Donald Trump ha sacudido los mercados energéticos globales con una declaración que trasciende la diplomacia convencional. Tras la captura de Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense ha afirmado que Washington está en posición de ejercer un control administrativo sobre Venezuela, con el objetivo explícito de gestionar y explotar sus vastas reservas de crudo durante los próximos años.
El interés de la administración Trump no es fortuito. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, estimadas en más de 300.000 millones de barriles. Sin embargo, años de desinversión, sanciones y una gestión operativa deficiente han mantenido la producción en niveles históricamente bajos, por debajo del millón de barriles diarios.
El plan trazado desde la Casa Blanca, y coordinado por el secretario de Energía Chris Wright, contempla una intervención profunda en la infraestructura de PDVSA. «Vamos a reconstruirla de una manera muy rentable», declaró Trump, sugiriendo que las grandes petroleras estadounidenses serán las encargadas de inyectar el capital necesario para rehabilitar refinerías y pozos.
La propuesta de Trump de «manejar el dinero» derivado de las ventas petroleras venezolanas representa un ejercicio de control financiero sin precedentes. El esquema plantea la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo sancionado directamente en puertos estadounidenses, cuyos beneficios se depositarían en cuentas controladas por Washington.
Empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips, que sufrieron nacionalizaciones en el pasado, observan con escepticismo las condiciones de seguridad jurídica en un país bajo supervisión externa directa. La viabilidad de este «protectorado energético» dependerá no solo de la fuerza militar, sino de la capacidad de estabilizar una economía con una inflación proyectada superior al 260% y una deuda pública asfixiante.
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