El Congreso de Bolivia aprobó una ley que autoriza por tres meses la importación de combustibles para enfrentar una aguda escasez, que ha provocado largas colas de espera en las estaciones de servicio de todo el país.
La medida, debatida durante semanas en un entorno de creciente presión social y económica, busca aliviar la falta de suministro y evitar interrupciones en actividades productivas y servicios básicos.
Hasta ahora, las compras internacionales de gasolina y diésel han estado centralizadas por la estatal petrolera YPFB. La compañía accede a los carburantes a precio internacional y los distribuye subsidiados en el mercado interno, una dinámica que ha permitido contener precios para el consumidor final, pero que también genera interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal y la eficiencia de la cadena de suministro ante shocks externos.
La dependencia de importaciones y la necesidad de financiar subsidios pueden agravar la vulnerabilidad ante fluctuaciones de precios y tipos de cambio. En un contexto regional marcado por inflación importada y volatilidad en los mercados internacionales de energía, la medida temporal podría servir como un puente para ganar tiempo mientras se fortalecen medidas de producción nacional, logística y diversificación de fuentes de suministro.
Expertos señalan que la clave estará en evitar distorsiones en el mercado que puedan desincentivar inversiones en exploración, refinación y distribución local a mediano plazo. Otros advierten que la solución de tres meses debe ir acompañada de un plan integral que fortalezca la capacidad de YPFB y de la cadena logística.
En el corto plazo, los precios en estaciones de servicio podrían estabilizarse ante la intervención, pero la economía boliviana observa atentamente si tres meses bastan para normalizar el flujo de combustibles y sentar bases para un modelo más sostenible de abastecimiento, que equilibre seguridad energética, responsabilidad fiscal y crecimiento económico.
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