La reciente movilización de los primeros 300 reclusos, considerados los «más peligrosos» del país, hacia la nueva mega-cárcel de alta seguridad, marca un hito en la estrategia del presidente Daniel Noboa para contener la cruenta crisis carcelaria que ha desangrado a Ecuador.
Las imágenes, distribuidas oficialmente, de una veintena de detenidos con uniforme naranja, manos atadas y cabezas rapadas, rodeados de militares, son un claro mensaje de mano dura.
Este despliegue de fuerza tiene implicaciones profundas. La inseguridad, exacerbada por las masacres en prisiones y el control territorial de las bandas criminales, ha actuado como un freno significativo a la inversión extranjera directa y al dinamismo del sector privado.
El elevado riesgo país, aunque recientemente ha mostrado una leve mejoría según el Banco Central, históricamente se ha visto inflado por la inestabilidad social y la percepción de un Estado vulnerable.
La construcción y operación de una prisión de alta seguridad, inspirada en modelos como el de El Salvador, representa una inversión multimillonaria. Si bien el gobierno de Noboa ha implementado medidas para aumentar la recaudación, como el alza del IVA al 15% y contribuciones temporales a grandes empresas, el gasto en seguridad sigue siendo una prioridad ineludible.
La asignación de recursos a la infraestructura penitenciaria y a la dotación de personal de seguridad capacitado, aunque necesaria, desvía fondos que podrían destinarse a inversión social, salud o educación, elementos clave para el crecimiento económico sostenible.
Un sistema carcelario controlado y la reducción de la violencia son prerrequisitos esenciales para normalizar la economía. La tasa de homicidios y la actividad del crimen organizado tienen una correlación directa con los costos operativos de las empresas, desde seguros hasta logísticas.
La escena de los 300 presos es la factura visible de un problema estructural. El éxito de la mega-cárcel se medirá, no solo en la contención de motines, sino en su capacidad para reducir el impacto económico de la criminalidad, liberando el potencial de crecimiento del país y atrayendo el capital que Ecuador tanto necesita para financiar su desarrollo.
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