Según los datos más recientes de la oficina de estadística comunitaria, la inflación en los 21 países que comparten la moneda única experimentó un repunte más vigoroso de lo anticipado durante el mes de febrero.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) escaló hasta el 1,9%, partiendo del 1,7% registrado en el mes previo. Esta cifra no solo supera las expectativas del mercado, que proyectaba una permanencia en el 1,7%, sino que sitúa al bloque a las puertas del objetivo estratégico del Banco Central Europeo (BCE).
El motor detrás de este incremento no ha sido, hasta ahora, el sector energético. Curiosamente, la aceleración de los precios en febrero respondió al encarecimiento de los alimentos y el sector servicios, factores que lograron compensar una energía que se mantuvo en niveles comparativamente bajos durante el periodo de referencia.
En los pasillos de la sede del BCE, estas cifras son leídas con cautela y una pizca de escepticismo. La relevancia de los datos de febrero es, hoy por hoy, modesta ante el cambio de paradigma geopolítico. El conflicto bélico en Oriente Medio ha introducido una variable crítica: un aumento de más del 10% en los precios del petróleo.
La gran incógnita para Christine Lagarde y su equipo no es el 1,9% actual, sino cómo este nuevo escenario de crudo y gas al alza erosionará el poder adquisitivo y, simultáneamente, enfriará el crecimiento económico de la Unión Europea.
El desafío para la zona euro es doble. Debe evitar que las expectativas de inflación se desanclen por encima del 2% debido al coste de la energía. Mientras debe vigilar que el endurecimiento de las condiciones financieras no termine por asfixiar una actividad económica que ya muestra signos de fragilidad por las tensiones globales.
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