El Gobierno de Perú ha tomado una medida de alto calibre económico y de seguridad al declarar el estado de emergencia en su frontera sur con Chile. La decisión, que se mantendrá vigente por 60 días, responde a una doble preocupación: la previsión de una oleada de migrantes indocumentados y la necesidad de hacer frente a la criminalidad.
La presencia de las fuerzas armadas en zonas tradicionalmente custodiadas por policía y personal de aduanas subraya la seriedad con la que Lima percibe los riesgos asociados a la migración masiva y a la posible infiltración de elementos criminales que aprovechen el flujo desordenado.
Un aumento en los tiempos de inspección en los pasos fronterizos clave puede ralentizar el flujo comercial terrestre, afectando a las exportaciones e importaciones binacionales y encareciendo marginalmente la cadena de suministro para las empresas que operan en el sur de Perú.
Estos movimientos se deben a la posibilidad de una victoria del candidato presidencial ultraderechista chileno, José Antonio Kast, quien ha prometido en su campaña una política de mano dura, incluyendo la expulsión de indocumentados en su territorio.
Este anuncio genera un fenómeno de «migración preventiva». Los migrantes, ante la amenaza de ser deportados si Kast llega al poder, buscan cruzar la frontera hacia Perú, generando una crisis humanitaria y logística inmediata. La declaración de emergencia es un movimiento preventivo que busca mitigar el impacto social y económico de un éxodo anticipado, mientras intenta asegurar que el flujo migratorio no sea aprovechado por redes de contrabando.
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