El gobierno interino de Perú declaró estado de emergencia en la capital, Lima, y en el vecino puerto del Callao para frenar la ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado.
La medida, que permite militarizar las calles y restringir derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, cobija a al menos 10 millones de personas. Más allá del marco político, la decisión tiene consecuencias relevantes para la economía del país y su clima de inversión.
La magnitud de la emergencia refleja una realidad preocupante: la seguridad es un insumo esencial para la actividad productiva. Empresas de todos los tamaños enfrentan costos directos e indirectos derivados de la incertidumbre: retrasos logísticos, mayores gastos en seguridad, interrupciones operativas y, en el mediano plazo, menor inversión extranjera.
En sectores como el comercio minorista, logística portuaria y manufactura, el peso de la violencia y las extorsiones puede traducirse en cadenas de suministro más costosas y menos eficientes.
El Callao, principal puerto del país, registra especial atención: cualquier perturbación en su operatividad impacta no solo la economía nacional, sino también a socios comerciales en la región y a la demanda externa. Si la seguridad mejora, podría volver a flujos comerciales más estables y una gestión portuaria más predecible, factores clave para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de exportadores e importadores peruanos.
La militarización y la restricción de derechos pueden generar efectos secundarios. A corto plazo, la percepción de mayor seguridad podría estimular la actividad comercial y consumo en áreas afectadas, pero a medio plazo podría generar tensiones políticas y sociales que afecten la confianza de inversionistas, particularmente en proyectos de infraestructura y servicios asociados al puerto.
Un entorno de seguridad deteriorado eleva primas de riesgo, encarece el financiamiento y podría presionar el tipo de cambio. Las autoridades deben comunicar claramente timelines, criterios de revisión y salvaguardas para derechos civiles, a fin de sostener la confianza de mercados y actores económicos.
La prioridad estará en restablecer un entorno de seguridad que conserve la libertad de operación de empresas y ciudadanos. En el mediano plazo, la economía peruana buscará recuperar flujo de inversiones, mejorar la logística portuaria y fortalecer instituciones para garantizar un crecimiento sostenido, incluso frente a desafíos de seguridad.
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