El Banco Central de Rusia ha formalizado una ofensiva judicial sin precedentes contra el depositario belga Euroclear. El Tribunal de Arbitraje de Moscú ha fijado para el próximo 16 de enero la audiencia preliminar de una demanda que reclama la astronómica cifra de 230.000 millones de dólares en daños y perjuicios, marcando el inicio de una confrontación que promete redefinir las reglas de la inmunidad soberana en el sistema financiero global.
La disputa surge como respuesta directa a la estrategia de la Unión Europea de utilizar los rendimientos de los activos rusos congelados para financiar el esfuerzo bélico y la reconstrucción de Ucrania. Para el Kremlin, esta maniobra no es solo una sanción, sino un «robo a gran escala».
La demanda presentada por la entidad que dirige Elvira Nabiúllina sostiene que las acciones de la institución belga han causado un perjuicio irreparable al BCR, al impedirle gestionar sus reservas y valores. Moscú argumenta que cualquier uso de estos fondos sin su consentimiento explícito viola tratados internacionales básicos, transformando lo que debería ser una custodia técnica en un instrumento de presión política.
Euroclear, que maneja billones de euros en transacciones diarias, se enfrenta a un riesgo reputacional y operativo sistémico. Mientras Bruselas defiende la legalidad de sus «préstamos de reparación», Rusia prepara el terreno para una guerra de embargos cruzados que podría paralizar flujos de capital esenciales.
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