El Gobierno colombiano ha tomado la drástica decisión de suspender indefinidamente la venta de energía eléctrica a Ecuador. Esta medida, anunciada este jueves por el Ministerio de Minas y Energía, se presenta bajo el blindaje de la «soberanía energética», pero es interpretada por los analistas como una respuesta directa y contundente a la ofensiva comercial lanzada desde Quito.
La crisis estalló tras las declaraciones del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien desde el Foro Económico Mundial en Davos anunció la imposición de un arancel del 30 % a todos los productos provenientes de Colombia. Noboa justificó esta «tasa de seguridad» alegando una supuesta falta de apoyo y reciprocidad de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.
La decisión colombiana llega en un momento de extrema fragilidad. Colombia suministra aproximadamente el 10 % de la demanda energética ecuatoriana, un flujo que ha sido vital para mitigar los apagones que afectaron al país vecino en años recientes.
Al cerrar el interruptor, Bogotá no solo ejerce presión política, sino que expone a la industria y a los hogares ecuatorianos a un riesgo inminente de racionamientos, especialmente ante las alertas de variabilidad climática por el fenómeno de El Niño.
El arancel del 30 %, que entraría en vigor el 1 de febrero, golpea el corazón de las exportaciones no minero-energéticas. Sectores clave como el agroindustrial, automotriz y farmacéutico verán sus márgenes devorados por este gravamen, perdiendo competitividad frente a otros proveedores internacionales.
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