La Casa Blanca ha vuelto a sacudir el tablero del comercio energético global. En un movimiento que escala significativamente la presión financiera sobre el Caribe, el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que impone una amenaza directa de aranceles a cualquier nación que suministre petróleo a Cuba.
Bajo el argumento de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, esta medida busca cortar de raíz el flujo logístico que sostiene la precaria estabilidad de la isla. La orden ejecutiva no solo apunta a Cuba, sino que crea un riesgo reputacional y financiero para terceros actores.
Al vincular el acceso al mercado estadounidense con la prohibición de comerciar hidrocarburos con La Habana, Washington utiliza el arancel como un peaje de lealtad. La ecuación es simple pero brutal: el beneficio de vender crudo a la mayor de las Antillas difícilmente compensará el gravamen a sus exportaciones hacia la economía estadounidense.
La reacción desde La Habana no se ha hecho esperar. El gobierno cubano ha calificado la medida como un brutal agresión, denunciando que el objetivo final es el colapso total de su infraestructura básica.
La economía cubana se encuentra en un punto de inflexión crítico. Actualmente, el régimen apenas logra cubrir el 50% de su demanda eléctrica nacional. Esta brecha entre generación y consumo ha sumido al país en un ciclo de apagones programados que paralizan la industria y erosionan la calidad de vida.
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