El ministro de Asuntos Exteriores de Francia ha lanzado una propuesta contundente desde Bogotá: la creación de un régimen de sanciones unificado de la Unión Europea para combatir el narcotráfico transfronterizo. Esta iniciativa marca un punto de inflexión en la diplomacia europea.
Tradicionalmente, la lucha contra las drogas se ha centrado en la interdicción policial y la cooperación judicial. Sin embargo, la propuesta francesa sugiere elevar el conflicto al nivel de la guerra financiera, utilizando el peso institucional de Bruselas para atacar los balances contables de los cárteles.
La elección de Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, como escenario para este anuncio no es fortuita; simboliza la urgencia de conectar los puntos críticos de la cadena de suministro global, desde la producción andina hasta el consumo europeo.
Francia enfrenta un aumento alarmante en la violencia de bandas y ajustes de cuentas, una externalidad directa de un mercado de estupefacientes en expansión. La inseguridad derivada del narcotráfico no solo afecta el tejido social, sino que distorsiona las economías locales y aumenta el gasto público en seguridad y salud.
Un régimen de sanciones de la UE permitiría, teóricamente, congelar activos, bloquear transacciones y restringir la movilidad de los actores clave de estas organizaciones criminales con la misma severidad que se aplica a regímenes políticos hostiles.
La propuesta ahora viaja a Bruselas, donde deberá sortear la burocracia de los 27 estados miembros. Si se aprueba, Europa estaría enviando un mensaje inequívoco a los mercados ilegales: la lucha ya no es solo en las calles, sino en los libros de contabilidad y en el sistema financiero internacional.
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