Un nuevo fallo judicial declaró la nulidad del proceso conocido como «golpe de Estado II», en el que la exmandataria Jeanine Áñez fue condenada en 2022 por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, así como incumplimiento de deberes.
La noticia, poco esperada por sectores que observan con atención la trayectoria institucional del país, llega en un contexto de tensiones entre poderes y debates sobre la forma adecuada de enjuiciar a exautoridades.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, explicó que la Sala Penal determinó que se vulneraron garantías constitucionales durante el proceso. En particular, se señaló que Áñez fue juzgada por la vía ordinaria cuando, según el fallo, correspondía un juicio de responsabilidades, reservado a expresidentes y altas autoridades del Estado.
La decisión incluye una orden al juez de ejecución penal de La Paz para que “disponga su libertad en el día”, una resolución que podría modificar el estatus de la exmandataria en el corto plazo y alterar el calendario judicial ya establecido.
Algunos expertos destacan la necesidad de un marco claro y uniforme para evitar vacíos jurídicos que podrían interpretarse como amparo a actos controvertidos de mandatos pasados.
De cara a la economía y la inversión, la incertidumbre política en Bolivia suele traducirse en fluctuaciones de confianza y en movimientos de capital que esperan claridad en las reglas del juego institucional. A corto plazo, el fallo podría alimentar debates sobre reformas jurídicas y la eventual revisión de casos emblemáticos de la última década.
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