La histórica autonomía de la Reserva Federal atraviesa uno de sus momentos más críticos. En las últimas horas, la administración del presidente Donald Trump ha escalado su retórica contra el organismo central, utilizando una táctica inusual: la amenaza de acciones legales directas contra su presidente, Jerome Powell.
Lo que en apariencia surge como una disputa administrativa sobre un proyecto de renovación de infraestructura en el edificio de la Fed, se ha revelado como el epicentro de una guerra de poder por el control de la política monetaria de la primera economía del mundo.
El conflicto estalló tras las recientes comparecencias de Powell ante el Congreso. El Ejecutivo acusa al jefe de la Fed de haber cometido irregularidades o falta de transparencia en sus comentarios legislativos respecto a los presupuestos de remodelación de la sede del organismo. Sin embargo, el propio Jerome Powell no ha tardado en romper su habitual silencio diplomático para calificar estas acusaciones de «puro pretexto».
Se interpreta este movimiento no como una búsqueda de rendición de cuentas fiscal, sino como una herramienta de coacción política. El objetivo final sería forzar una postura más acomodaticia en la fijación de las tasas de interés, un terreno donde Trump ha sido vocalmente crítico, exigiendo recortes agresivos para estimular el crecimiento económico de cara al ciclo electoral.
Esta presión representa un riesgo sistémico. La independencia de la Fed es el pilar que sostiene la confianza en el dólar y la estabilidad de los precios. Si el Ejecutivo logra doblegar a Powell bajo la amenaza de una acusación formal, se sentaría un precedente peligroso: la politización del costo del dinero.
El Capitolio se divide entre quienes exigen proteger la institucionalidad del banco central y quienes ven en Powell un obstáculo para la expansión económica. Lo cierto es que, detrás de los andamios del edificio de la Fed, se está decidiendo el futuro de la arquitectura financiera global.
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