El Gobierno de Venezuela alineará sus prioridades estratégicas a la reconstrucción económica del país y a la restitución del control sobre las reservas de oro custodiadas en las bóvedas subterráneas del Banco de Inglaterra, valoradas en aproximadamente 4.000 millones de dólares.
Así lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una comparecencia pública en la que abordó las directrices institucionales del Estado en un contexto marcado por la aceleración del índice inflacionario mensual, el cual alcanzó un registro del 20 %.
Los lingotes de oro bajo custodia de la entidad emisora británica han sido objeto de disputas legales y diplomáticas en los tribunales de Londres durante los últimos años, habiéndose restringido el acceso del Banco Central de Venezuela (BCV) a dichos fondos debido a las diferencias de reconocimiento institucional y a las medidas cautelares aplicadas sobre el sistema financiero venezolano.
La cifra de 4.000 millones de dólares en metales preciosos representa un componente significativo dentro del balance de activos internacionales del Banco Central de Venezuela, siendo indispensable para el fortalecimiento de las finanzas públicas y el respaldo de la moneda nacional.
El anuncio relativo a las reservas de oro coincide con la divulgación de los más recientes indicadores sobre la evolución del nivel general de precios. La inflación mensual correspondiente al último período evaluado registró un incremento del 20%, evidenciando una fuerte aceleración en la variación de los precios al consumidor de los bienes y servicios esenciales.
Frente a esta coyuntura, la recuperación del volumen de reservas internacionales en lingotes de oro es visualizada por las autoridades parlamentarias como una herramienta para dotar de mayor estabilidad al marco macroeconómico y diversificar la capacidad de respuesta del Estado ante los desequilibrios presupuestarios.
Las disputas judiciales por la titularidad y disposición de las reservas de oro en el Banco de Inglaterra han involucrado la participación de firmas legales internacionales y la presentación de recursos ante las salas de la Corte Suprema británica. La posición fijada por la Asamblea Nacional ratifica la intención del Estado venezolano de agotar los mecanismos jurídicos e institucionales para lograr el desembolso y la repatriación de estos fondos líquidos de respaldo patrimonial.
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