El gobierno de Nicaragua ha devuelto una planta procesadora de oro a la empresa estadounidense BHMB Mining. El complejo industrial, ubicado en Palacagüina, al norte del país, había sido objeto de una expropiación forzosa en septiembre de 2025.
Tras la incautación en 2025, el Estado nicaragüense transfirió de forma exprés el control operativo de las instalaciones a firmas aliadas, entre ellas la corporación de origen chino Zhong Fu Development. La maniobra fue calificada en su momento por altos diplomáticos de la Casa Blanca como una expropiación directa e indignante a la inversión extranjera legítima.
Al bloquear el acceso de estas entidades al sistema financiero internacional y prohibir cualquier transacción con ciudadanos o corporaciones estadounidenses, Washington asfixió los canales comerciales de una de las industrias más lucrativas del régimen.
Según datos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, las exportaciones de oro sumaron más de 2.000 millones de dólares en 2025, lo que representa cerca del 23% de las ventas totales de la nación al exterior. Con un mercado tan concentrado y dependiente de los compradores internacionales.
En un notable cambio de narrativa, la vocería gubernamental describió la entrega como el fruto de un proceso de diálogo, coordinación y respeto mutuo destinado a la reactivación ordenada de la planta. Los términos específicos y las posibles compensaciones económicas del pacto se han cobijado bajo una estricta cláusula de confidencialidad.
Aunque restablece de manera puntual un activo privado, el daño reputacional a la marca país como destino seguro para los capitales foráneos sigue siendo severo. El mercado internacional de materias primas observará con cautela si esta tregua en Palacagüina estabiliza el flujo del oro nicaragüense o si, por el contrario, representa apenas un respiro temporal en un entorno de hostilidad regulatoria e incertidumbre estructural.
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