La economía peruana, tradicionalmente resiliente a los ruidos políticos de su accidentada historia reciente, se enfrenta hoy a un factor de riesgo que está paralizando las inversiones y asfixiando el comercio: la inseguridad ciudadana.
En este río revuelto de descontento social y temor generalizado, las estrategias políticas se reconfiguran con la mirada puesta en el pasado. Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular, ha lanzado su apuesta más audaz hasta la fecha.
A sus 50 años, la política conservadora busca capitalizar el pánico de los votantes ante el aumento vertiginoso de la delincuencia para reavivar el apoyo a un tipo de liderazgo estrechamente asociado con su padre, Alberto Fujimori, quien dominó la política del país en la convulsa década de 1990.
La delincuencia y las extorsiones a pequeños y grandes empresarios han alcanzado niveles que erosionan el PIB potencial del país. Ante la aparente incapacidad de las sucesivas administraciones para frenar las bandas criminales transnacionales, la propuesta de la heredera del fujimorismo resuena con fuerza en los sectores más golpeados por la crisis.
Fujimori ha reformulado cada vez más su campaña para abrazar sin ambages el legado de su progenitor, estructurando una plataforma basada en la promesa de medidas de seguridad inflexibles, leyes antiterroristas estrictas y un papel significativamente ampliado para las fuerzas armadas en el orden interno.
La delincuencia ha dejado de ser solo un problema de orden público para convertirse en el principal impuesto informal del Perú. El comercio minorista, el transporte de carga y la construcción civil operan hoy bajo la sombra de los cupos y la extorsión. Es en este escenario donde la retórica de la «mano dura» encuentra tierra fértil.
La paradoja para los inversores internacionales radica en que, si bien el mercado anhela estabilidad y el fin de la delincuencia, las recetas del fujimorismo histórico despiertan tantas pasiones como temores sobre la institucionalidad democrática. Sin embargo, la urgencia parece estar ganando la batalla al debate institucional en las calles limeñas.
El éxito de su estrategia dependerá de si logra convencer a la clase media y a los sectores populares de que la nostalgia por la seguridad de la década de 1990 puede traducirse en una solución efectiva y moderna, libre de los excesos de autoritarismo y corrupción que marcaron el fin de la era de su padre.
El resultado de esta apuesta determinará no solo quién ocupará el Palacio de Pizarro, sino también el modelo de gobernanza bajo el cual operará la economía andina en los próximos años. Los mercados se preparan para un escenario donde el orden se anteponga a cualquier otra variable de la agenda nacional.
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