El presidente de Argentina, Javier Milei, ha promulgado oficialmente la reforma a la Ley de Protección de Glaciares. Esta medida, que surge tras un intenso cabildeo parlamentario impulsado por el Poder Ejecutivo, marca un punto de inflexión en la política ambiental y económica de la administración libertaria.
La esencia de la reforma radica en la flexibilización de las restricciones que, hasta ahora, blindaban de manera uniforme los entornos de los campos de hielo. Bajo el nuevo marco normativo, se habilita el desarrollo de proyectos mineros en áreas adyacentes a los glaciares, una zona anteriormente considerada «intocable» por la legislación previa.
Esta descentralización busca eliminar los «cuellos de botella» burocráticos que, según el sector privado, mantenían paralizados proyectos de escala global, especialmente en las provincias de la cordillera de los Andes como San Juan, Catamarca y Salta. Al otorgar la potestad a los gobernadores, Milei apuesta por una competencia interprovincial que acelere la concesión de licencias y la llegada de divisas.
Para el Palacio de Hacienda, el cálculo es claro: la Argentina posee una de las reservas de cobre y oro más grandes del mundo sin explotar. En un contexto de transición energética global, donde el cobre es un insumo crítico, la apertura de estas zonas podría representar exportaciones anuales por miles de millones de dólares.
La medida no está exenta de volatilidad. Analistas de mercado advierten que, si bien la reforma mejora el clima de negocios para las multinacionales, también incrementa el riesgo reputacional y legal. Las organizaciones ambientales ya anticipan una judicialización masiva de los proyectos, argumentando que la protección del agua no puede quedar supeditada a las urgencias fiscales de las provincias.
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